Niños robados

Niños robados

Las presas políticas republicanas después de la guerra civil española que duró de 1936 a 1939, sufrieron el robo de sus hijos, que eran dados en adopción a familias que eran mas de las ideas del gobierno de la dictadura. Esto se hacia así, porque querían que esos niños no pensaran como sus madres, sino que pensaran como quería el gobierno.

Esto no terminó, sino que continuó hasta el año 1990. Entonces ya no solo se los quitaban a estas mujeres, sino que entonces también se los quitaban a mujeres sin afiliación política. Se sabía que existían manipulaciones en los hospitales en los años 60 y 70. Se conocía que entraba por una puerta la madre biológica para tener el bebé, y al mismo tiempo entraba una mujer que no estaba embarazada en la zona de partos. A veces eran ingresadas en la zona privada y la familia que iba a adoptar al bebé pagaba todos los gastos. La que paría salía sin bebé y la mujer que no estaba embarazada salía registrada como la madre del recién nacido.

Sus maridos no las creían. Pensaban que al haber perdido un hijo les hacía sospechar que esos doctores, que aquellas monjas amables, le habían quitado a su bebé. Con el tiempo, muchas de estas madres olvidaron momentáneamente aquellas sospechas y se convencieron de que la desaparición de su hijo había sido una fatalidad. Hasta que una de ellas decidió hablar muchos años después, recordando aquellas dudas, y otra, desde otra ciudad, con otra edad, las compartió. Y así hasta que mujeres de prácticamente toda España que habían dado a luz entre 1950 y finales de los ochenta se vieron repitiendo las mismas frases, repetidas palabra a palabra: “dijeron que mi bebé había muerto. Que era mejor que no lo viera y que ellos se encargaban del entierro….”

La mayoría de las víctimas eran pobres y con pocos recursos. Personas manejables a las que el miedo había hecho perder la capacidad de protestar. Fueron incapaces de reclamar hasta que les dejasen ver al bebé suyo que decían que había fallecido. Había matrimonios que salieron de aquellos hospitales, en los que su hijo había nacido y supuestamente muerto, sin un solo papel y sin un cuerpo que enterrar porque les convencieron de que “ellos ya se encargaban de todo”.

El nuevo objetivo fueron también las jóvenes madres solteras, varias de ellas forzadas por sus propios padres a dar a sus hijos en adopción, contando con la complicidad de monjas y médicos que en su día les aseguraron que el bebé había muerto para que no se empeñaran en criarlo.

Los niños eran para gente con dinero y poder y todas estas maniobras en alguna ocasión hubo algunas personas que intentaron denunciarlas, pero las apartaron.
El robo de niños para darlos en adopción continuó hasta avanzados los años ‘80 en España. Algo que se inició con una motivación política se convirtió en un negocio llevado por curas, monjas y médicos. Algunos de ellos, aún viven.
Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia. El cura le señalaba a la monja de la inclusa, y luego en los hospitales, que tenía una pareja que quiería un niño y así se ponía en marcha la cadena.

Todos los testimonios sacan a la luz nombres y documentos sobre unas tramas que se enriquecieron y funcionaron de forma organizada en todo el Estado. Tramas integradas por curas, monjas, ginecólogos, notarios, enfermeras, matronas, abogados, encargados, secretarias y hasta conserjes. Se hacían listas de espera con bebés robados. No era gratis, los adoptantes pagaron hasta 200.000 pesetas de la época, un negocio boyante.
De Bilbao a Cádiz, pasando por Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Burgos, Tenerife, Melilla… Las primeras personas que buscaron a esos niños se dieron de bruces con la realidad: nadie se creía lo que contaban.

Existían unas rutas estables en el tráfico ilegal de niños. Una que unía Madrid con Valencia, y otra que operaba, desde el Norte, País Vasco y Navarra, a las Casas Cuna de Valencia y de Sagunt. Las clínicas San Ramón, la Maternidad de O’Donell y Francisco Franco -hoy Gregorio Marañón- son algunos de los centros madrileños de donde provenían los neonatos robados.

l’Horta Sud era el destino de un buen número de los pequeños robados en la Clínica San Ramón. Se sabe que hasta una decena de matrimonios de Albal que no podían tener hijos fueron a Madrid en los años 70 y 80 para adoptar a un pequeño. Los niños acabaron en Albal y también en Picassent, Silla y Catarroja.

Se trataba de separarlos lo mas posible. Hubo casos de bebés robados que fueron trasladados de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se decía en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no había documentos. Si existen, pero cuentan que hubo una riada o un incendio y así no los entregan.
La Ley de Patrimonio Histórico 16/85, sobre la consulta de archivos dice que, en virtud de la protección de la madre tendrán que pasar entre 25 y 50 años. Sin embargo, la Orden del Ministerio de Justicia de 10 de noviembre de 1999 señala que, en función de la Convención de Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, esa espera de 50 años vulnera el derecho fundamental de las personas.

Esto no es para proteger a las madres, “porque el 90% de los casos no dieron su consentimiento. Se quiere tapar a la Iglesia, curas y monjas que cometieron los robos e incluso tuvieron hijos. Ellos fueron después el eslabón de un mercado de bebés”, declara la expresidenta de Derecho a Saber, una asociación dedicada a ayudar a estas personas.
Hubo médicos que firmaron casos de fallecimiento de neonatos por otitis en la maternidad de Santa Cristina, en O’Donnell. En la clínica San Ramón, situada en el paseo de la Habana 143 de Madrid, fueron cientos los niños dados en adopción ilegal. Los afectados crearon una asociación con casos de los años ’60, ’70 y ’80 que acusan como presunto cabecilla al tocólogo Eduardo Vela, y a sor María Gómez Valbuena. Además, O’Donnell, Santa Cristina y San Ramón, actuaron de forma coordinada en el tráfico de bebés.

En Bilbao, la trama fue manejada por Mercedes Herrán de Gras, gracias a una red de pisos asistidos por monjas, curas, ginecólogos, etc., que después del parto les retiraban los bebés a las madres, la mayoría sin su consentimiento. En el papeleo también participó, presuntamente, una secretaria, una abogada de Logroño y un notario de Bilbao.

No había que dejar rastro. Se asignaron números en lugar de nombres, se omitió a los padres biológicos: eran “desconocidos”. Se sustituyó a la madre biológica por la adoptiva, que quedaba registrada como madre. Los documentos aparecen en los hospitales, casas cuna, registros civiles y en los archivos de la Iglesia, y aquí es donde surge el problema. Actas de entrada y salida, partes de incubadoras, bautismos, cualquier documento arroja algo de luz, su ausencia también.

Hace años, en el programa de TVE de Paco Lobatón ¿Quién sabe dónde? se empezaron a colar estas historias. El periodista apoyó la creación de la Asociación Nacional Derecho a Saber, ANDAS, en 1996 y en la actualidad inactiva, que tuvo más de 5.000 socios, todos afectados.

Hoy existen varios foros donde los afectados cuentan la misma historia. Tras la muerte de Franco no han conseguido toda la documentación, pero los pocos legajos a los que han tenido acceso han permitido completar el puzle.

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